En su conferencia matutina del 20 de abril de 2026 en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el registro obligatorio de líneas celulares “no va a violar” los datos personales de la ciudadanía y lo defendió como una herramienta para la búsqueda de personas y la investigación de delitos.
Sheinbaum explicó que los datos registrados quedan bajo resguardo de las empresas de telefonía y que el acceso a esa información por parte de las autoridades se dará, cuando proceda, a través de solicitudes legales ante un juez para apoyar investigaciones, por ejemplo en casos de extorsión o desapariciones.
La mandataria vinculó la medida con la necesidad de fortalecer bases de datos y mejorar la localización de personas desaparecidas cuando los registros originales son incompletos. Señaló además que la norma existe en otros países y que está legislada para proteger características de seguridad.
El registro obligatorio comenzó a aplicarse en enero de 2026 y las autoridades fijaron el 29 de junio de 2026 como fecha límite para vincular líneas a la identidad del titular; las líneas no registradas podrían ser suspendidas a partir del 30 de junio, según comunicados de operadores y reportes periodísticos.
La medida ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones que han advertido sobre errores iniciales y posibles vulnerabilidades en los sistemas de registro, mientras que las operadoras han asegurado contar con medidas de seguridad para resguardar los datos.
Ante estas dudas, el gobierno ha señalado que cualquier falla o vulneración sería responsabilidad de las compañías telefónicas y que el marco legal establece los límites y procedimientos para el uso de la información.
