La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 22 de mayo de 2026 que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió fichas rojas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas señaladas en las acusaciones presentadas por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que Rocha Moya se encuentra en su residencia en Sinaloa bajo el resguardo de la Guardia Nacional y subrayó que, pese a las fichas rojas, “no hay nada legal que nos obligue a que tengamos una vigilancia particular” sobre las personas requeridas por Estados Unidos.
La mandataria añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación relacionada con las imputaciones y que las autoridades mexicanas están realizando las diligencias correspondientes.
Informes periodísticos y comunicados oficiales difundidos entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 también indican que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó bloqueos preventivos a cuentas vinculadas a algunos de los señalados y que, tras la imputación, varios exfuncionarios se entregaron a autoridades estadounidenses para responder a procesos penales.
El caso ha generado un debate público sobre la coordinación entre autoridades nacionales y extranjeras en materia de detenciones y extradiciones, y sobre los límites de la vigilancia y protección de personas bajo investigación cuando hay órdenes internacionales de captura.
Sheinbaum hizo énfasis en que las solicitudes de extradición y las fichas rojas deben tramitarse “en el marco del respeto y de las leyes” y que el Gobierno mexicano actuará conforme a los procedimientos legales establecidos.
