La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 21 de mayo de 2026 que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió fichas rojas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, a raíz de solicitudes de detención con fines de extradición formuladas por autoridades de Estados Unidos.
Sheinbaum afirmó que Rocha Moya permanece en su domicilio en Sinaloa y que, tras una evaluación de riesgos, cuenta con resguardo por parte de la Guardia Nacional. Señaló además que la emisión de fichas rojas permitiría que si las personas buscadas salieran de México pudieran ser detenidas en otros países.
La mandataria informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó medidas preventivas para congelar cuentas relacionadas con las indagatorias y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por los hechos.
Las órdenes de detención solicitadas por Estados Unidos están vinculadas a una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico; desde finales de abril el Departamento de Justicia pidió la aprehensión provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, y al menos algunos de ellos ya han comparecido o sido presentados ante autoridades estadounidenses.
En su conferencia, Sheinbaum subrayó que, más allá de las acciones judiciales en el extranjero, el gobierno mexicano actuará conforme a la ley y la evidencia disponible, y que la responsabilidad de ejecutar detenciones recae en las autoridades competentes. También aclaró que no existe una obligación legal por parte del Ejecutivo federal para mantener vigilancia particular sobre todas las personas señaladas.
La situación ha generado un proceso de intercambio de información entre autoridades mexicanas, organismos internacionales y el sistema bancario, que aplicó medidas precautorias para reducir riesgos mientras las indagatorias avanzan.
