La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el 30 de abril de 2026 la solidez de las pruebas que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las que se acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que la evidencia divulgada por Washington le parecía insuficiente y se refirió al documento como “una hoja de papel”; añadió que, para el orden jurídico mexicano, las acusaciones requieren pruebas contundentes que permitan la emisión de órdenes de aprehensión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que remitirá los documentos recibidos de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones correspondientes y determine si existen elementos procesables conforme a la legislación mexicana.
En su intervención, la presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos y señaló que la FGR debe analizar las pruebas antes de cualquier entrega o determinación, y afirmó que el Ejecutivo no protegerá a nadie siempre que haya pruebas suficientes.
Por su parte, la FGR ha señalado que la entrega de personas por extradición procederá solo si las solicitudes van acompañadas de pruebas claras y suficientes, conforme al tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
Los hechos recuerdan a la difusión, el 29 de abril de 2026, de una acusación en tribunales de Estados Unidos que nombra a Rocha y a otros políticos y servidores públicos de Sinaloa como presuntos colaboradores de la facción conocida como “Los Chapitos”; las autoridades mexicanas han recibido las solicitudes de detención con fines de extradición y han iniciado el manejo diplomático y judicial del caso.
La situación tensiona la relación bilateral y plantea dudas sobre el procedimiento legal a seguir: México deberá evaluar las evidencias según su propio marco jurídico mientras las instancias correspondientes definen próximos pasos.
