La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el llamado “Plan B” de la reforma electoral busca, de manera central, disminuir privilegios en la función pública; lo dijo durante conferencias mañaneras en marzo de 2026 realizadas en Palacio Nacional, cuando presentó la nueva propuesta tras el rechazo de su iniciativa original en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum explicó que el objetivo es reducir gastos en congresos locales, regidurías y estructuras administrativas duplicadas, así como disminuir financiamiento a partidos políticos y ajustar el gasto en órganos electorales para que los recursos se destinen a obras y servicios municipales y estatales.
El gobierno estimó que las medidas del Plan B podrían generar ahorros aproximados de 4,000 millones de pesos; la mandataria denunció que existen “excesos” en el gasto público y criticó que consejeros del Instituto Nacional Electoral perciban remuneraciones superiores a las de la presidencia, además de prestaciones como seguros de gastos médicos.
Entre los puntos que Sheinbaum ha mencionado figura la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para celebrarla en el tercer año del ejercicio presidencial, así como topes al presupuesto de los congresos estatales y reducción de regidurías municipales, medidas que buscan concretar la reasignación de recursos.
La presentación del Plan B se dio como respuesta al rechazo de la iniciativa original en la Cámara de Diputados y como una vía para avanzar en objetivos similares mediante cambios que, según la Presidencia, permitirían concentrar más recursos en prioridades sociales y de infraestructura.
