La presidenta Claudia Sheinbaum presentó como prioridad de su gobierno avanzar en la digitalización de la economía con el objetivo de que, durante 2026, los pagos en casetas de cobro y en gasolineras se realicen mediante medios electrónicos en lugar de efectivo. La propuesta fue expuesta en la 89 Convención Bancaria, donde se discutieron acuerdos con la banca y con el Banco de México para promover la aceptación de pagos digitales.
Las autoridades y la banca plantean impulsar el uso de plataformas como CoDi y DiMo y revisar los esquemas de comisiones para facilitar que estaciones de servicio y operadores de carreteras reciban pagos con tarjeta o por teléfono. El objetivo anunciado es que, conforme se concreten los acuerdos técnicos y comerciales, el uso del efectivo en esos puntos de venta se reduzca de forma sustantiva este año.
En paralelo, el Banco de México puso en consulta pública una propuesta para crear una cuenta denominada Nivel 3 (N3)bis destinada a personas físicas con residencia en México, con el fin de facilitar operaciones electrónicas y ampliar el acceso al sistema financiero. La propuesta contempla permitir abonos mensuales hasta por 15,000 unidades de inversión (UDI), lo que equivale a poco más de 130,000 pesos, y limitar los abonos en efectivo a 3,000 UDI mensuales (aprox. 26,000 pesos).
También se plantea que las cuentas tipo N2 puedan recibir depósitos adicionales de hasta 6,000 UDI (poco más de 50,000 pesos) siempre que dichos recursos provengan exclusivamente de subsidios vinculados a programas gubernamentales. La consulta pública sobre estas modificaciones a la regulación se anunció el 2 de abril de 2026 y, según la publicación oficial, la consulta se inició el 1 de abril y está programada para concluir el 30 de abril.
La combinación de medidas —promoción de medios y plataformas digitales, revisión de comisiones y creación de cuentas con límites más amplios— busca reducir el uso del efectivo y aumentar la trazabilidad de los pagos. Bancos y autoridades han señalado la necesidad de coordinar plazos y soluciones técnicas para garantizar que la medida sea operativa en distintas regiones del país, incluida la atención a puntos con limitaciones de infraestructura.
Las propuestas ahora avanzan en las mesas técnicas y en procesos regulatorios; su implementación dependerá de los acuerdos entre el gobierno, el Banco de México, la banca y los operadores de casetas y estaciones de servicio, así como de los tiempos previstos en las consultas públicas y las adecuaciones tecnológicas necesarias.
