El 26 de mayo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que el gobierno está dispuesto a abrir un diálogo con comunidades yoreme‑mayo que han manifestado su oposición a la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.
Sheinbaum dijo que ya existió una consulta pública sobre el proyecto y que se cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), pero ofreció revisar las inquietudes con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para buscar un canal de diálogo.
El proyecto es impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa internacional Proman, y ha sido objeto de protestas locales, acciones legales y señalamientos de colectivos y organismos internacionales que advierten riesgos ambientales y violaciones a derechos de las comunidades indígenas.
Organizaciones civiles y colectivos defensores del territorio han denunciado irregularidades en las consultas y han documentado agresiones y amenazas hacia defensores; además, relatores de la ONU han expresado preocupación por el impacto del proyecto en la bahía y sus comunidades.
El anuncio de la mandataria se produce en un contexto de creciente resistencia local: grupos comunitarios han pedido la suspensión del proyecto y la revisión de permisos, mientras que las autoridades sostienen que existen los trámites y autorizaciones necesarias.
Qué sigue:
- Semarnat y otras dependencias podrían participar en las mesas de diálogo anunciadas.
- Colectivos y representantes indígenas han señalado que exigirán garantías de consulta previa, libre e informada y la protección del entorno.
- La empresa responsable y los bancos financiadores del proyecto afrontan vigilancia pública y solicitudes de revisión de permisos por parte de las comunidades y organismos internacionales.
