La presidenta Claudia Sheinbaum pidió el 25 de mayo de 2026 a la población que “no vean TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir “muchas mentiras” durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Posteriormente la mandataria defendió que se trató de una opinión y negó que su llamado constituyera censura.
El episodio ocurre en el contexto de un conflicto público entre el gobierno y Grupo Salinas por adeudos fiscales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que el grupo debe pagar 32,132,897,658 pesos; según los reportes oficiales, hasta ahora se han ingresado 13,979,904,051 pesos y el resto se cubrirá en parcialidades hasta julio de 2027.
TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, respondió calificando el llamado de la presidenta como un intento de censura y una agresión a la libertad de prensa. Organismos y agrupaciones del sector medios expresaron su preocupación por posibles riesgos a la libertad de expresión, mientras el gobierno sostuvo que la declaración fue una recomendación de consumo informativo y pidió investigar el origen de ciertos recursos vinculados a la televisora.
El conflicto se intensificó tras la difusión de mantas y mensajes críticos en espacios públicos que, según la presidencia, formaron parte de una estrategia vinculada a la disputa. En meses recientes el empresario había comenzado a pagar en parcialidades la deuda reclamada por Hacienda y el caso ha sido cubierto por medios nacionales e internacionales.
Este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y un grupo mediático con presencia nacional reaviva el debate sobre los límites entre la crítica pública, la libertad de expresión y el uso de la fiscalización como herramienta de rendición de cuentas o de presión política.
