Durante la conferencia matutina del 25 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población “no ver TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir informaciones falsas para desacreditar al gobierno federal. La declaración generó una respuesta pública del dueño del grupo, Ricardo Salinas Pliego, y reproches de organizaciones y asociaciones de medios que advirtieron sobre riesgos para la libertad de expresión.
El llamado ocurrió en el contexto del acuerdo fiscal entre Grupo Salinas y la Secretaría de Hacienda. El conglomerado se comprometió a pagar un total de 32,132,897,658 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el periodo 2026–2027. El 29 de enero de 2026 se registró un primer abono por 10,400 millones, y autoridades hacendarias indican que, en conjunto, hasta mayo de 2026 se han ingresado aproximadamente 13,980 millones a la Tesorería de la Federación.
La negociación sobre la deuda —resultado de dos décadas de litigios— incluyó beneficios previstos en la ley por pago voluntario, lo que redujo el monto inicialmente calculado por recargos y sanciones. El acuerdo establece que el saldo restante se cubrirá en parcialidades hasta julio de 2027.
Tras el llamado de la presidenta, TV Azteca y el propio Ricardo Salinas Pliego respondieron con críticas hacia el gobierno y mensajes en redes; la televisora rechazó cualquier intento de boicot y calificó la invitación presidencial como un acto que amenaza la libertad de expresión. Organismos de prensa y asociaciones de medios manifestaron su preocupación y pidieron garantizar el pluralismo informativo.
El episodio encendió un debate público sobre los límites del poder político en relación con los medios privados y sobre la responsabilidad de estos últimos en la difusión de información verificada. Mientras las autoridades fiscales han documentado los pagos y el calendario de abonos, la controversia política y mediática se mantiene activa y es probable que continúe en los próximos meses conforme avance el esquema de pagos.
