La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de las Mujeres revisar el caso de Nohemí, una niña de 11 años de Matamoros, Tamaulipas, que cursaba un embarazo de cinco meses y recibió atención médica en el Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante su conferencia matutina del jueves 13 de agosto de 2026, la mandataria señaló que el embarazo infantil constituye un delito cuando es consecuencia de abuso sexual y llamó a las autoridades a investigar los hechos y garantizar justicia para la menor.
Sheinbaum solicitó que Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, informe sobre las acciones realizadas mientras Laura Itzel Castillo se incorpora formalmente a la titularidad de la dependencia en septiembre.
Atención médica y activación de protocolos
El IMSS informó que la niña recibió atención médica especializada desde su ingreso al Hospital General de Zona número 13. Después de la valoración clínica, el personal activó los protocolos institucionales y notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.
La menor fue sometida a un procedimiento para interrumpir el embarazo. El personal médico detectó que presentaba una infección y anemia, condiciones que no impidieron realizar la intervención una vez que se determinó que su vida no corría riesgo.
De acuerdo con la información disponible, Nohemí se encontraba en buen estado de salud y permanecería hospitalizada durante su recuperación. Posteriormente, el DIF Matamoros asumiría su resguardo para contribuir a garantizar su seguridad.
Investigación por abuso sexual
La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para identificar y localizar al presunto agresor. Personal del DIF Matamoros acudió inicialmente al domicilio de la niña tras recibir una denuncia, pero encontró que ya había sido trasladada al IMSS.
La Secretaría de las Mujeres llamó a las autoridades competentes a garantizar la protección integral de la menor, la restitución de sus derechos y el acceso a atención médica, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y apoyo social.
La dependencia sostuvo que los embarazos en niñas son una expresión de violencia sexual y representan un riesgo para su salud y sus derechos humanos. Organismos federales han señalado que la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años requiere acciones coordinadas de prevención, atención y protección.
El caso queda bajo seguimiento de las autoridades de salud, procuración de justicia y protección de niñas, niños y adolescentes, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.