La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 15 de abril de 2026 la conformación de un comité científico interdisciplinario encargado de analizar la factibilidad de explotar gas no convencional en México, incluida la posibilidad de utilizar fracturación hidráulica con tecnologías menos dañinas al ambiente.
El grupo, integrado por académicos e investigadoras y por especialistas de centros públicos de investigación y universidades —entre ellas la UNAM, el IPN, la UAM y el Instituto Mexicano del Petróleo— tendrá un plazo aproximado de dos meses para presentar un primer dictamen que permita evaluar en qué condiciones sería posible aprovechar esos yacimientos y en qué regiones del país podría considerarse su explotación.
Sheinbaum afirmó que la decisión se orienta a la soberanía energética: México importa una parte significativa del gas que consume, y el gobierno considera necesario explorar si nuevas tecnologías permiten reducir impactos sobre el agua y los ecosistemas. La mandataria también señaló que no está prevista la entrega de los recursos a empresas trasnacionales, aunque reconoció que podrían requerirse tecnologías desarrolladas en el extranjero.
Organizaciones ambientalistas han cuestionado el alcance y la independencia del comité y han advertido que la discusión no puede limitarse a aspectos técnicos, pues la fractura hidráulica implica decisiones políticas, territoriales y de derechos humanos que afectan agua, salud y comunidades locales.
El informe que entregue el comité servirá como insumo para la toma de decisiones del gobierno federal sobre si abrir, limitar o mantener la prohibición de prácticas convencionales de fracking en las zonas que se consideren potenciales para la extracción.
