Una encuesta nacional publicada recientemente indica que siete de cada 10 personas en México están a favor de legalizar la eutanasia para pacientes en fase terminal que sufren de manera irreversible.
La propuesta pública conocida como “Ley Trasciende”, liderada por la activista y paciente Samara Martínez, plantea despenalizar la eutanasia y crear mecanismos médicos y éticos para garantizar una muerte con dignidad. La iniciativa fue presentada en el ámbito legislativo en octubre de 2025 y desde entonces ha generado foros, recolección de firmas y debates públicos.
Organizaciones civiles y profesionales de la salud han participado en conversatorios para analizar puntos clave como criterios de acceso, controles bioéticos y el fortalecimiento de cuidados paliativos. Representantes de la iniciativa han señalado que el respaldo de la sociedad y de parte del gremio médico es un factor relevante para impulsar la discusión legislativa.
Analistas y grupos críticos han advertido sobre riesgos y retos regulatorios, entre ellos la protección de personas vulnerables y la necesidad de mecanismos claros de consentimiento y supervisión. Mientras el debate continúa, la discusión en comisiones legislativas y en espacios públicos marcará los tiempos para cualquier posible reforma.
Este tema plantea preguntas sobre derechos individuales, límites éticos y la obligación del Estado de garantizar cuidados integrales al final de la vida; la discusión pública y legislativa seguirá desarrollándose en las próximas semanas.
