La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el 28 de abril de 2026, alrededor de las 18:00 horas, recibió de la Embajada de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición que involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras personas vinculadas con esa entidad.
En un comunicado, la Cancillería sostuvo que la documentación remitida “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de las personas señaladas en esta etapa, por lo que los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis y determinación jurídica.
La SRE indicó además que enviará un extrañamiento a la embajada de Estados Unidos por la forma en que se divulgó públicamente la información, y recordó que los tratados de extradición contienen disposiciones de confidencialidad para este tipo de procedimientos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó públicamente sobre cargos y solicitó la extradición el 29 de abril de 2026; medios internacionales y agencias de noticias reportaron que la acusación incluye a Rocha Moya y a otros servidores públicos y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La FGR es la autoridad encargada en México de evaluar si los documentos cumplen con los requisitos legales para solicitar detenciones provisionales con fines de extradición. Hasta el momento las autoridades mexicanas han señalado que seguirán el cauce legal previsto.
La situación escaló el último día de abril y ha generado reacciones en el ámbito político y diplomático; autoridades y medios han seguido el caso mientras la investigación y las comunicaciones entre ambos gobiernos avanzan.
