La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), junto con la Secretaría de Gobernación, emitió un rechazo público a señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al señalar que el informe no reflejó la información y las actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
El punto central del reclamo gubernamental es que el documento omite avances legislativos e institucionales recientes que, según el gobierno, modifican la capacidad de búsqueda, investigación e identificación en el país. Esta discusión coloca nuevamente a México bajo escrutinio internacional y enfrenta la posición oficial con las críticas de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
En 2025 el Ejecutivo presentó reformas legales y herramientas que, según comunicados oficiales, buscan acelerar la búsqueda y mejorar la coordinación entre autoridades. Entre las medidas anunciadas se encuentran:
Reformas y herramientas destacadas
- La creación de la Plataforma Única de Identidad para consultas interinstitucionales y uso ampliado de la CURP en procesos de identificación.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas para concentrar denuncias y carpetas.
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la modernización de capacidades técnico‑forenses.
- Obligaciones para la apertura de carpetas de investigación y la creación o fortalecimiento de fiscalías estatales especializadas.
El gobierno ha presentado estos cambios como parte de una estrategia de cooperación con colectivos de búsqueda y con organismos internacionales; en una conferencia de fines de marzo de 2026 las autoridades expusieron datos operativos y el avance en la instrumentación de dichas reformas.
Organizaciones civiles y colectivos de personas desaparecidas han cuestionado tanto las cifras oficiales como la eficacia práctica de las reformas, advirtiendo que las medidas legislativas deben acompañarse de implementación efectiva a nivel local y de mecanismos que garanticen búsquedas e investigaciones oportunas.
Adicionalmente, medios nacionales señalaron que las reformas incluyen sanciones para autoridades que no actualicen registros o incumplan obligaciones de búsqueda, en algunos casos señaladas en reportes como de alcance económico relevante para las instancias responsables.
La controversia muestra dos líneas claras: el gobierno insiste en que existe cooperación y reformas concretas para atender las desapariciones, mientras que colectivos y observadores piden mayor transparencia, rapidez en la implementación y resultados verificables. El seguimiento de estas reformas y la evaluación de su impacto en las búsquedas y en la justicia para las víctimas seguirán siendo determinantes para la relación de México con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
