La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, conformó en mayo de 2026 un equipo directivo integrado, entre otros perfiles, por funcionarios tabasqueños, sonorenses y personas con antecedentes profesionales cercanos a gobiernos o actores vinculados con Morena. De los 16 nombramientos realizados en unidades técnicas y direcciones ejecutivas, al menos 10 tienen ese tipo de experiencia previa.
Los movimientos han generado cuestionamientos por posibles conflictos de interés y por la experiencia de algunos funcionarios en las áreas que ahora encabezan. Además, determinados nombramientos fueron impugnados o revisados ante instancias electorales.
Cuestionamientos por el área de fiscalización
Uno de los casos señalados es el de Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Consejeros electorales cuestionaron su designación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, al considerar que no acreditaba los cinco años de experiencia en materia de fiscalización exigidos por la normativa.
La Sala Superior confirmó la validez del nombramiento. Antes de incorporarse al INE, Alejo García fue secretario técnico de comisiones y asesor parlamentario del Congreso de Tabasco entre 2018 y 2023, además de desempeñarse como asesor jurídico del ayuntamiento de Tacotalpa.
Perfiles con trayectoria en gobiernos estatales
Anahí Silva Tosca, titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, también es originaria de Tabasco. Antes de llegar al INE fue asesora jurídica de Carlos Merino durante su gestión como gobernador de esa entidad, y ocupó responsabilidades en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la procuraduría fiscal estatal.
Entre los perfiles sonorenses se encuentra José Luis Arévalo Romo, quien fue asesor de Alfonso Durazo durante su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Su lugar en la Unidad Técnica de Transparencia fue ocupado por Rebeca Fernanda López Aguirre, quien presidió el Instituto Sonorense de Transparencia y también fue asesora jurídica del gobernador sonorense.
Funcionarios cercanos a la trayectoria de Taddei
Roberto Carlos Félix López, actual titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora cuando Taddei presidía ese organismo. En 2023, la consejera presidenta intentó colocarlo como secretario ejecutivo del INE, pero no obtuvo el consenso de las 11 consejerías.
Eduardo Hugo Ramírez Salazar, titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha formado parte de la Comisión Nacional de Vigilancia del INE desde 2011. También fue asesor político privado y aspirante a consejero electoral en el proceso más reciente.
Otros nombramientos relacionados con la estructura de Taddei son los de Marisa Arlene Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales; María Fernanda Romo Gaxiola, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y Liliana Díaz de León Zapata, directora ejecutiva de Administración.
Antecedentes y posibles conflictos de interés
Liliana Díaz de León Zapata había trabajado cerca de Taddei desde su etapa como vocal ejecutiva del INE en Baja California. Llegó a la Dirección Ejecutiva de Administración después de la salida de Jesús Octavio García González, quien renunció en abril de 2026 tras el inicio de procesos relacionados con un posible conflicto de interés.
García González había pasado de ser proveedor del INE a ocupar un cargo directivo en un periodo de siete meses y también participó en el proceso para convertirse en consejero electoral. Por su parte, Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, fue señalada durante su paso por el Instituto Electoral de Oaxaca por presuntos beneficios contractuales a una empresa cuyo representante legal era García González.
La integración del equipo directivo ocurre mientras el INE se prepara para nuevos procesos electorales y enfrenta el reto de preservar la imparcialidad, la experiencia técnica y la confianza pública en sus áreas operativas.