El 25 de mayo de 2026 la disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán escaló públicamente entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el senador Raúl Morón, con pronunciamientos que evidencian fricciones internas y una carrera anticipada rumbo a 2027.
Raúl Morón aseguró que mantiene una “relación distante” con el gobernador y afirmó: “no quiere que sea yo”, lo que refleja la tensión entre la estructura oficial de la Casa de Gobierno y la base política que respalda al senador.
Por su parte, el gobernador impulsó la posibilidad de que la candidatura recaiga en una mujer y señaló varios perfiles prospectivos, entre ellos Gabriela Molina, Gladyz Butanda, Fabiola Alanís Sámano y la senadora Celeste Ascensio Ortega. Ese posicionamiento reabre el debate sobre el método de selección dentro de la coalición.
En los próximos meses la definición del candidato deberá conciliarlas posiciones internas de Morena y de los partidos aliados. El Partido del Trabajo (PT) ha señalado que la negociación y las encuestas serán elementos centrales para resolver la candidatura en la coalición, en la que también participa el Partido Verde.
En la ecuación política aparece además la figura de Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno y actual fiscal estatal, vinculado en la discusión como un eventual “plan B” por su cercanía con el aparato estatal y su manejo de investigaciones relevantes en la entidad.
La disputa anticipada pone a Morena en Michoacán en una situación de desgaste interno, con miras a la convocatoria y los procesos de registro que se esperan para junio de 2026. Los actores locales advierten que si no se consigue un acuerdo, la fragmentación en la coalición podría debilitar sus posibilidades electorales.
