Propietarios de tierras, ganaderos, empresarios y una organización dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de Big Bend presentaron el lunes 14 de septiembre de 2026 una demanda contra los planes del gobierno de Donald Trump para construir un muro y otra infraestructura fronteriza en esa región del oeste de Texas.
El recurso fue interpuesto en un tribunal federal de Washington por Conserve Big Bend y seis propietarios, con el respaldo de cientos de personas de la zona. Los demandantes cuestionan el uso de facultades que permiten acelerar las obras y dejar sin efecto normas ambientales, culturales y de preservación histórica.
La demanda ocurre mientras la administración estadounidense impulsa un proyecto valuado en 46 mil millones de dólares para ampliar la infraestructura de seguridad a lo largo de aproximadamente 3 mil 210 kilómetros de la frontera sur. El plan contempla barreras de acero de hasta nueve metros, obstáculos para vehículos, caminos de patrullaje y tecnología de vigilancia.
Los argumentos de los propietarios
Los demandantes sostienen que el gobierno federal declaró a Big Bend como una zona de alta incidencia de cruces irregulares sin que, a su juicio, existan las condiciones que justificarían la aplicación de esas facultades extraordinarias. De acuerdo con datos citados en el litigio, el sector representa cerca de 1.5 por ciento de las detenciones registradas en la frontera suroeste durante los últimos cinco años.
La coalición también afirma que las obras afectarían propiedades utilizadas para la ganadería, la agricultura, el turismo, el alquiler temporal y actividades arqueológicas. Algunos propietarios han recibido avisos relacionados con la posible adquisición forzosa de terrenos necesarios para el proyecto.
Otro de los reclamos se relaciona con el acceso al río Bravo. Los propietarios advierten que una barrera podría dejar del lado mexicano de la infraestructura zonas de cultivo, pastizales, viviendas y otras áreas necesarias para sus actividades productivas.
Oposición en la región
La expansión fronteriza ha generado oposición de propietarios, alguaciles, funcionarios electos, guías de río, grupos ambientalistas y organizaciones interesadas en la conservación del patrimonio de Big Bend. La región incluye áreas protegidas como el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch.
En agosto, autoridades suspendieron temporalmente actividades relacionadas con la construcción en el parque nacional después de que maquinaria pesada fuera observada realizando trabajos de desmonte. El gobierno ha señalado que todavía no existe un plan final para todas las obras dentro del parque y que, en algunas zonas, se analizan caminos, tecnología de detección y barreras de bajo perfil.
La demanda busca detener la construcción en la región y cuestiona que el Departamento de Seguridad Nacional pueda utilizar las exenciones legales para modificar uno de los paisajes menos urbanizados y con menor actividad fronteriza del límite entre Estados Unidos y México. El caso seguirá su curso ante la justicia federal mientras continúa la disputa por el alcance del proyecto.