Pequeños propietarios de estaciones de servicio alertan que el pacto voluntario para fijar topes en los precios de los combustibles y las medidas para reducir comisiones en pagos digitales han comprimido sus márgenes hasta niveles que podrían hacer insostenible su operación.
El acuerdo actualizado contempla mantener un tope para la gasolina regular y bajar el precio del diésel: tras varias revisiones, el diésel pasó de un tope de 28 pesos por litro a 27 pesos por litro. Además, el Gobierno, en coordinación con la banca y empresas emisoras de vales, anunció que las comisiones por pagos con tarjeta y vales en gasolineras se eliminarán o reducirán desde el 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de 2026, con el objetivo de trasladar ese ahorro al precio final.
Empresarios con estaciones de menor tamaño afirman que, ante estos topes y la estructura de costos del sector, algunos puntos de venta ya han suspendido temporalmente la venta y que la situación frena inversiones. Datos de mercado muestran que del total de estaciones en el país, una parte importante pertenece a grandes cadenas —que se benefician de economías de escala— mientras que miles de permisionarios poseen una o pocas estaciones, lo que los hace más vulnerables a márgenes comprimidos.
Propietarios consultados señalan que, tras pagar franquicias y enfrentar la inseguridad y regulaciones, los márgenes por litro han llegado a ser mínimos o negativos en ciertos casos, lo que podría desencadenar cierres que afectarían el abasto en comunidades pequeñas.
El Gobierno ha advertido que, si no se respetan los pactos voluntarios, se aplicarán medidas administrativas y fiscales para revisar los márgenes de ganancia de las estaciones. Mientras tanto, la estrategia oficial incluye incentivos para impulsar los pagos digitales en estaciones de servicio y contener la presión inflacionaria derivada del encarecimiento internacional del petróleo.
