La acusación federal contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el presunto delito de traición a la patria enfrenta un alto estándar de prueba, debido a que la conducta prevista en el Código Penal Federal exige acreditar supuestos específicos y no únicamente la presencia o participación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026 en el contexto de las investigaciones por la participación no autorizada de ciudadanos estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino en Chihuahua. La Fiscalía General de la República sostiene que el exfuncionario habría permitido o coordinado la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en acciones que correspondían a autoridades mexicanas.
Sin embargo, para que los hechos encuadren en el delito de traición a la patria no basta con acreditar que los agentes ingresaron al país sin autorización federal. La investigación tendría que demostrar que se trataba de personas vinculadas con las fuerzas armadas de otro país y que su actuación tenía como finalidad declarar la guerra a México o derrocar al gobierno nacional.
Qué establece la legislación mexicana
El artículo 123 del Código Penal Federal contempla una pena de cinco a 40 años de prisión y multa para quien incurra en alguna de las conductas consideradas traición a la patria. Entre ellas se encuentran entregar personas a autoridades extranjeras, formar grupos dirigidos por extranjeros para invadir el territorio nacional y realizar actos bélicos contra México.
La norma también contempla conductas relacionadas con proporcionar apoyo a un Estado extranjero durante un conflicto armado o colaborar para someter al país a un gobierno extranjero. Por ello, la acusación debe establecer una relación directa entre los hechos investigados, la intervención extranjera y una finalidad que afecte la soberanía o la estabilidad del Estado mexicano.
En el caso de Chihuahua, la Fiscalía federal ha señalado que los agentes estadounidenses acudieron en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y que participaron en un operativo contra un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal. También sostiene que la autoridad estatal no informó oportunamente a la Federación sobre esas actividades.
La defensa de Jáuregui ha rechazado que existan pruebas suficientes para acreditar la traición a la patria y ha cuestionado la interpretación de los hechos. El exfiscal también ha negado haber participado en una intervención ilegal de agentes extranjeros.
Un delito poco utilizado
En México no hay antecedentes recientes de una autoridad vinculada a proceso por este delito. Los intentos de utilizar la figura penal contra otros exfuncionarios no avanzaron cuando no se acreditaron hechos concretos que correspondieran a los supuestos establecidos en la ley.
Por esa razón, el proceso contra Jáuregui deberá definir si la autorización o tolerancia de una operación con personal extranjero puede relacionarse jurídicamente con una intención de someter al país, declarar la guerra o derrocar al gobierno. La respuesta dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía y de la valoración que realicen los tribunales.
El caso mantiene además una dimensión política, debido a que involucra a un exfuncionario cercano a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y ocurre en medio de un debate nacional sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad. No obstante, la responsabilidad penal deberá resolverse con base en hechos comprobables y en los elementos que exige el tipo penal.