La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una parte sustancial de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, lo que ha llevado a órdenes y procesos para devolver los importes cobrados, estimados en torno a 159 mil millones de dólares.
Tras el fallo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inició la creación de un sistema para procesar las reclamaciones y abrió un portal para que importadores soliciten el reembolso. Diversas empresas, incluidas grandes importadores, han presentado ya solicitudes o demandas para reclamar las cantidades cobradas.
El presidente Donald Trump criticó el fallo en su cuenta de Truth Social, calificándolo de “horrible” y cuestionando que la sentencia no incluyera una cláusula que permitiera al gobierno no devolver el dinero. Sus comentarios han generado debate sobre el impacto fiscal y legal del reembolso masivo.
Analistas y abogados comerciales advierten que el proceso será complejo: CBP ha señalado limitaciones operativas para procesar cientos de miles de reclamaciones, y existen disputas sobre la cuantía final a pagar, si se incluirá interés y si algunos importadores o gobiernos extranjeros podrían reclamar parte de los montos.
El caso ha provocado además una oleada de demandas en tribunales y una discusión política sobre la autoridad presidencial para imponer aranceles sin autorización expresa del Congreso, así como sobre las implicaciones presupuestarias de devolver ingresos por esta magnitud.
