Víctimas de la protesta por el agua del 11 de octubre reclamaron disculpas y responsabilidades durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad de Jalisco ante el Congreso estatal, el jueves 5 de noviembre. Al cierre de la jornada, los funcionarios no habían identificado públicamente quién ordenó el uso de agua a presión y las detenciones frente a Casa Jalisco.
La sesión reunió a funcionarios, legisladores y personas que denunciaron agresiones durante la movilización para exigir agua de calidad. El director de Protección Civil, Sergio Ramírez, fue el único que ofreció disculpas a las víctimas, de acuerdo con el reporte de la comparecencia.
Luis Antonio Palacio Vázquez, quien dijo haber sufrido lesiones en la marcha, cuestionó a los funcionarios por la falta de disculpas y de nombres de posibles responsables. Daniela Álvarez también expresó desconfianza y señaló que había acudido a la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para presentar una denuncia.
Funcionarios reportan revisiones e investigaciones
Durante la comparecencia, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, dijo que la manifestación reunió aproximadamente a 9 mil 500 personas. Reportó 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos; también informó de 39 detenciones.
El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, señaló que 17 policías, entre ellos tres mandos, fueron identificados para revisión por posibles actuaciones irregulares. Añadió que los 237 elementos que participaron en el operativo deberán presentar informes ante Asuntos Internos; aclaró que esa medida no significa que todos sean responsables.
El fiscal estatal, Salvador González, informó que la Fiscalía recibió a 39 personas detenidas: 32 quedaron en libertad y siete fueron remitidas ante un juzgado. Durante la sesión, legisladores y personas afectadas insistieron en que se esclarezcan las decisiones del operativo y las denuncias sobre el trato a los detenidos.
La comparecencia concluyó sin que se identificara públicamente al mando que autorizó las medidas cuestionadas. Las revisiones internas y las investigaciones anunciadas deberán determinar si hubo irregularidades y, en su caso, responsabilidades.