Samuel N, Alexis N, Juan Darío N y Teodoro N fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, luego de ser detenidos durante la manifestación por agua limpia realizada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara. El juez sexto de control penal oral determinó que podrán enfrentar el proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente durante seis meses.
La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados de Puente Grande. La resolución corresponde a cuatro de las personas detenidas durante los enfrentamientos registrados al término de la protesta, convocada para exigir una solución a los problemas de calidad del agua en la capital de Jalisco.
De acuerdo con sus abogados, los policías tardaron más de 10 horas en poner a los detenidos a disposición de la Fiscalía estatal. También señalaron que las lesiones que presuntamente presentaban varios de ellos no fueron registradas durante su ingreso a la dependencia.
La defensa de Juan Darío y Samuel sostuvo que durante la audiencia no se consideraron sus argumentos sobre posibles irregularidades en el debido proceso. La abogada Sandra Milán afirmó que no se proporcionó el registro audiovisual de una audiencia previa y que tampoco se dio lugar a una solicitud relacionada con presuntos actos de tortura, señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Los abogados agregaron que la investigación se basó principalmente en un informe policial homologado y en la entrevista de una presunta víctima. Según la defensa, las características físicas descritas en esos documentos no coincidirían con las de Juan Darío y Samuel.
Uno de los casos que generó mayor atención fue el de Samuel N, de 24 años, quien presuntamente trabaja como repartidor de una aplicación. Su madre declaró que el joven no participaba en la manifestación y que se encontraba en la zona mientras esperaba un pedido cuando fue detenido.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo cuestionó la decisión judicial y pidió retirar los cargos contra los cuatro detenidos. La organización sostuvo que la resolución criminaliza la protesta social y reclamó que se garantice el derecho a manifestarse.
La manifestación del 11 de octubre reunió a personas inconformes con la calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana. La jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de detenciones y personas lesionadas, según los reportes difundidos después de los hechos.
Con la vinculación a proceso, los cuatro imputados continuarán su defensa en libertad bajo las medidas cautelares establecidas por el juez. El proceso deberá determinar la responsabilidad penal que corresponda, mientras las autoridades revisan los señalamientos de la defensa sobre posibles abusos y fallas en la actuación policial.