En la sesión en la que se resolvió el amparo directo en revisión 5806/2025, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa, destacó la importancia de fortalecer la capacitación del personal judicial y de incluir materias de alta especialización en la carrera judicial para garantizar el acceso a una justicia efectiva para niñas, niños y adolescentes.
Esquivel advirtió que, al alegarse hechos de violencia familiar o la excepción de grave riesgo establecida en el Convenio de La Haya, las personas juzgadoras no deben limitarse a constatar la existencia formal de un convenio entre los padres; deben analizar las condiciones reales de conciliación, allegarse las pruebas necesarias y valorar los elementos con perspectiva de género e infancia antes de aprobar cualquier convenio.
La resolución del amparo 5806/2025, cuyo documento está disponible en la página de la Suprema Corte, fijó criterios sobre la protección de derechos de menores en procesos de restitución internacional y subrayó la necesidad de medidas que aseguren una tutela material y no meramente formal.
La ministra también ha enfatizado en otras ocasiones la urgencia de formación especializada y de protocolos que permitan una atención integral a las infancias en los trámites judiciales, señalando que solo así se podrá garantizar la escucha efectiva y la protección del interés superior del niño.
Especialistas y organizaciones que trabajan en temas de infancia han señalado de forma recurrente la necesidad de capacitación y equipos interdisciplinares en el sistema de justicia para evitar decisiones que dejen a menores en situación de desamparo. La propuesta de Esquivel apunta a convertir esos planteamientos en estándares aplicables por las autoridades judiciales.
