El exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó en redes sociales que al solicitar licencia como gobernador el político deja de ejercer la función pública y, por tanto, pierde la protección del fuero, lo que posibilitaría su detención como cualquier otra persona.
La postura de Zaldívar se produce en medio de solicitudes de detención con fines de extradición remitidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores por autoridades de Estados Unidos y de señalamientos públicos sobre posibles vínculos con grupos delictivos.
Sin embargo, existen interpretaciones contrapuestas: algunas notas periodísticas y autoridades sostienen que la figura del fuero sigue vigente hasta que el Congreso del estado realice el procedimiento de declaración de procedencia o desafuero, por lo que la detención inmediata no sería automática.
Expertos en derecho constitucional recuerdan que el fuero protege la función y que su alcance y ejecución dependen de procesos legales formales, incluida la intervención de órganos legislativos y, en casos de extradición, la coordinación entre autoridades mexicanas y extranjeras.
La Fiscalía General de la República ha señalado que cualquier actuación debe basarse en pruebas y en los procedimientos legales correspondientes; por su parte, las dependencias encargadas han confirmado la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
El caso mantiene un desarrollo judicial y político abierto: la discusión pública sobre el alcance del fuero y los pasos que deben seguirse continuará a medida que las autoridades mexicanas determinen si existen elementos suficientes para avanzar en procedimientos de detención o extradición.
