Carolina Hernández Calvario, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en Iztapalapa, planteó que la soberanía económica debe ser el criterio rector en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), ante el entorno de tensiones geoeconómicas y la presión internacional sobre reglas comerciales.
La académica explicó que la soberanía implica capacidad de decisión autónoma para proteger la producción nacional y las cadenas productivas; “debe defenderse de presiones externas”, señaló al referirse a los retos que enfrenta México en las negociaciones.
Por qué lo dice ahora
La advertencia de Hernández Calvario se produce mientras delegaciones mexicanas y estadounidenses realizan rondas bilaterales para revisar el T‑MEC, con especial atención en las reglas de origen y posibles medidas arancelarias que podrían afectar a sectores clave.
Observadores internacionales han señalado que Estados Unidos busca endurecer requisitos para asegurar que bienes provengan de la región y no de terceros países, un punto que complica la negociación y exige definiciones técnicas sobre certificados y verificación de origen.
Consecuencias para la industria nacional
Hernández Calvario advirtió que, para mantener una autonomía real, México necesita fortalecer su industria, ofrecer certidumbre a la inversión y promover políticas públicas que reduzcan la dependencia de insumos externos.
Analistas coinciden en que la revisión del tratado tocará asuntos complejos —como normas laborales, minerales críticos y cadenas de suministro— que podrían extender las conversaciones más allá de 2026 si no se alcanzan acuerdos provisionales.
Qué está en juego
El resultado de la revisión determinará en buena medida cómo se integran las cadenas productivas en América del Norte y qué grado de protección tendrán los sectores manufactureros y agrícolas mexicanos frente a cambios en las normas del mercado regional.
Durante el proceso, fuentes oficiales y expertos recomendaron priorizar acuerdos técnicos que garanticen reglas de origen claras y mecanismos de verificación que eviten tanto la fuga de beneficios a terceros países como la imposición inesperada de aranceles.