El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas acusaciones formales que señalan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según documentos y comunicados oficiales difundidos por autoridades estadunidenses.
En paralelo, a finales de abril de 2026 se intensificó la controversia por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua, hecho que provocó la muerte de al menos dos agentes y abrió investigación y citatorios en el Senado mexicano sobre si se notificó o autorizó su trabajo en territorio nacional.
Ambos episodios han generado una fuerte carga política: las acusaciones del Departamento de Justicia han obligado a actores políticos y partidos a posicionarse ante señalamientos que afectan la gobernabilidad estatal en Sinaloa, mientras que el operativo en Chihuahua reabrió el debate sobre la soberanía, la coordinación entre gobiernos estatales y federales, y los límites legales de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Las acusaciones de Estados Unidos fueron presentadas en un tribunal federal y, hasta ahora, deben ser consideradas como imputaciones que corresponden a un proceso legal en curso. Autoridades mexicanas han recibido las notificaciones y, en algunos casos, han señalado la necesidad de revisar pruebas y procesos conforme a sus propios marcos jurídicos.
En el caso de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha defendido la operación como un logro en la lucha contra la delincuencia organizada, mientras que legisladores y funcionarios federales han exigido aclaraciones sobre la presencia de personal extranjero y el respeto a la ley mexicana en materia de seguridad nacional.
Analistas y actores políticos advierten que estos desarrollos pueden tensionar la relación bilateral y complicar la agenda de seguridad compartida, al tiempo que ponen en el centro el debate sobre la transparencia en las investigaciones y la rendición de cuentas tanto a nivel local como internacional.
Las decisiones legales futuras —incluidas comparecencias, pedidos de extradición o procedimientos judiciales— definirán los pasos siguientes. Por ahora, las acusaciones y las investigaciones mantienen a la opinión pública y a los poderes públicos en alerta y alimentan un debate sobre la intervención extranjera, la impunidad y el control de los cárteles en México.
