La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sostuvo el 15 de abril de 2026 un encuentro con representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y la mayor parte de la industria de la masa y la tortilla para revisar mecanismos del Acuerdo Nacional Maíz‑Tortilla y evitar incrementos del precio del kilo de tortilla.
El gobierno federal reiteró que, por ahora, no hay elementos técnicos que justifiquen un alza y ordenó reforzar el diálogo con productores y vendedores. La Presidencia y Sader dieron instrucciones para monitorear la cadena de suministro y aplicar medidas de fiscalización si se detectan aumentos injustificados.
Por su parte, representantes del sector productivo y del gremio de tortilleros advirtieron que la acumulación de costos —salarios, insumos, energía y logística— presiona los márgenes y hace “insostenible” mantener el precio en algunas regiones. Estudios de monitoreo muestran variaciones regionales: en marzo de 2026, registros en algunas ciudades del norte reportaron precios de hasta 35 pesos por kilo.
El encuentro tuvo la participación de organizaciones como la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado y otros actores del convenio Maíz‑Tortilla. Las autoridades señalaron que seguirán revisando el padrón de negocios y el cumplimiento de los acuerdos para evitar prácticas irregulares.
Las autoridades y la industria acordaron mantener mesas de trabajo para definir medidas concretas que protejan el abasto y la estabilidad de precios, incluyendo la supervisión de insumos y acciones para reducir la competencia informal que, según el sector formal, afecta rentabilidad.
