La Alianza Mexicana Contra el Fracking advirtió que el desarrollo de pozos piloto en yacimientos no convencionales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas representa un riesgo para el agua, el territorio y las comunidades del noreste de México. El planteamiento forma parte del debate abierto por la decisión del gobierno federal de evaluar el aprovechamiento de gas natural no convencional mediante fractura hidráulica.
El comité científico encargado de analizar la viabilidad de estos proyectos estableció que cualquier avance deberá considerar la disponibilidad de agua salada y las condiciones técnicas y ambientales de cada región. La discusión ocurre mientras el gobierno busca reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y fortalecer la soberanía energética.
Advierten riesgos para el agua y las comunidades
Alejandra Jiménez, portavoz de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, sostuvo que no existe una modalidad sustentable de esta práctica y alertó sobre posibles efectos en fuentes de agua superficiales y subterráneas, suelos, clima y sismicidad.
La organización señaló que en el territorio potencialmente afectado viven alrededor de 1.3 millones de personas en mil 850 localidades rurales. También estimó que más de seis millones de habitantes se encuentran dentro de las áreas con posibilidades de extracción y podrían quedar expuestos a los impactos asociados con la actividad.
Nuevo León enfrenta además un elevado estrés hídrico, por lo que la Alianza considera que la fractura hidráulica podría aumentar la presión sobre las comunidades y los ecosistemas. En Coahuila, el posible reinicio de trabajos también genera preocupación por el impacto en el Valle de Santa Rosa, territorio relacionado con el pueblo kikapú.
Preparan amparos contra los proyectos
La Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones civiles y sociales, prepara una acción de amparo para solicitar la suspensión de permisos y un decreto que prohíba la técnica en todo el país.
El abogado Ramón García Sánchez explicó que la estrategia busca proteger el territorio y los derechos de las comunidades. El colectivo también mantiene un proceso iniciado en 2022 por posibles impactos ambientales y culturales relacionados con la actividad petrolera en Papantla, Veracruz.
Ese procedimiento contempla argumentos sobre afectaciones ambientales, derechos de los pueblos indígenas y daños a especies nativas. La organización sostiene que debe aplicarse el principio precautorio antes de autorizar nuevos proyectos de explotación en yacimientos no convencionales.
El gobierno mantiene evaluación técnica
La administración federal ha planteado que la posible explotación de gas no convencional deberá realizarse con tecnologías de menor impacto y bajo criterios técnicos, ambientales y de disponibilidad de agua. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado que el análisis debe considerar la soberanía energética y la protección ambiental.
El informe del comité no representa una autorización definitiva para la explotación. Antes de avanzar, deberán evaluarse la existencia de agua salada suficiente, la cantidad de gas recuperable, la viabilidad económica de los proyectos y las condiciones sociales y ambientales de las regiones involucradas.
Mientras esas evaluaciones continúan, las organizaciones ambientalistas mantienen su oposición y exigen que cualquier decisión priorice la seguridad hídrica, los derechos comunitarios y la protección de los ecosistemas del noreste mexicano.