Un informe forense fechado el 13 de mayo de 2026 concluye que tres grabaciones atribuidas al llamado “Hondurasgate” son probablemente auténticas, aunque la determinación se hizo con un “grado moderado de confianza” debido a la limitada calidad telefónica de los archivos.
Las grabaciones analizadas incluyen dos audios atribuidos al expresidente Juan Orlando Hernández y uno atribuido al actual presidente Nasry Asfura. El informe identifica artefactos de audio (respiraciones, vacilaciones vocales, ruido de ambiente y distorsión de micrófono) y empleó una comparación automática de voces que arrojó coincidencias por encima del umbral establecido para este análisis.
En las transcripciones y fragmentos difundidos, las conversaciones mencionan —de forma acusatoria— acuerdos y financiamientos vinculados a actores y gobiernos de la región, así como planes para crear una estructura mediática dirigida contra gobiernos de izquierda. Esas afirmaciones se publican aquí como el contenido atribuido a los audios; no han sido probadas independientemente como hechos.
Varios de los señalados han negado que las voces sean suyas y han solicitado investigaciones. Además, otras verificaciones técnicas y solicitudes formales de investigación fueron anunciadas por autoridades y parlamentos involucrados; al momento del informe, los procesos de investigación y la recepción de las pruebas en laboratorios externos seguían en curso.
Las conclusiones forenses subrayan dos puntos: primero, que los tres archivos analizados presentan características coherentes con grabaciones realizadas en condiciones reales y probablemente no generadas por inteligencia artificial; y segundo, que, por la baja calidad de las grabaciones, la certeza no es absoluta y se requiere investigación adicional para esclarecer el alcance y la veracidad total del conjunto de audios.
Este caso ha generado repercusiones políticas en varios países y ha sido objeto de cobertura internacional. La recomendación de los peritos es proseguir con análisis complementarios y con procedimientos judiciales y técnicos que permitan validar, con mayor rigor, la autenticidad y la cadena de custodia de los archivos.
