La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México analiza varias iniciativas que buscan tipificar la violencia química o ácida como un delito autónomo y establecer medidas de atención integral para las víctimas.
Las propuestas, presentadas en distintos momentos por legisladoras y por la Fundación Carmen Sánchez, plantean sanciones penales y la creación de partidas presupuestales para cirugías reconstructivas, rehabilitación y apoyo psicológico para sobrevivientes.
En términos generales, las iniciativas contemplan penas más severas que las actualmente aplicables cuando estos ataques se procesan únicamente como lesiones; en promedio las propuestas mencionan rangos de sanción que parten de varios años y aumentan en casos de agravantes como desfiguración permanente o pérdida de funciones.
Durante el análisis se citó la alta prevalencia de mujeres entre las víctimas y se señaló que en la mayoría de los ataques los presuntos agresores son hombres, a menudo parejas o exparejas.
Para enriquecer el dictamen, el Poder Legislativo convocó un foro sobre violencia química el miércoles 22 de abril, al que se espera asistan activistas y víctimas para exponer experiencias y propuestas que fortalezcan la iniciativa.
La Comisión continuará el estudio de los proyectos con la intención de presentar un dictamen que pueda avanzar al pleno en las próximas sesiones.
