La mañana del 6 de abril de 2026 cuatro integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron asesinados mientras realizaban trabajos de construcción en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa.
En los días posteriores, la violencia continuó en la Montaña Baja de Guerrero: entre el 6 y el 9 de mayo de 2026 se reportaron nuevos ataques armados contra las localidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, con el uso de drones y disparos desde puntos altos que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares.
Las agresiones provocaron al menos un herido entre la población civil y el desplazamiento masivo de familias; organizaciones y colectivos denunciaron la falta de protección efectiva por parte de las fuerzas de seguridad.
Ante la escalada de violencia se emitieron medidas cautelares en favor de habitantes de Tula y Xicotlán y se demandó el despliegue inmediato de acciones de protección para las comunidades afectadas.
La situación ha reavivado las denuncias históricas sobre la presencia y acciones del grupo conocido como Los Ardillos en la región, así como las reclamaciones de las comunidades por investigaciones y detenciones que esclarezcan los hechos.
Las consecuencias humanitarias incluyen desplazamiento, temor generalizado entre la población local y la interrupción de actividades comunitarias y económicas. Autoridades estatales y federales han sido objeto de reclamos por parte de organizaciones sociales que exigen resultados y garantías de seguridad.
La información disponible sobre los hechos proviene de reportes periodísticos y de comunicados de organizaciones sociales y de derechos humanos; la situación en la zona continúa siendo dinámica y sujeta a actualizaciones.
