Desde el 6 de mayo de 2026, comunidades de la Montaña Baja de Guerrero —entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán— han sufrido ataques armados y bombardeos con drones atribuidos al grupo criminal Los Ardillos, según denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG‑EZ).
El CIPOG‑EZ y organizaciones locales reportan que los combates y los ataques con explosivos han obligado a centenares de familias a abandonar sus hogares; la agrupación señaló que más de 800 familias están desplazadas y el total de víctimas y desaparecidos sigue siendo denunciado por la comunidad.
Habitantes y líderes comunitarios denunciaron la falta de protección y la “complacencia” de las autoridades en distintos niveles, y varios pobladores bloquearon carreteras para exigir seguridad y la intervención de las autoridades estatales y federales.
Medios locales y nacionales que cubren la zona coinciden en el uso de drones en las ofensivas y en la gravedad del desplazamiento. Autoridades estatales han pedido que los temas de seguridad se canalicen por vías institucionales, mientras la situación continúa en evolución.
La ofensiva ha reavivado denuncias previas sobre la presencia y actividades de Los Ardillos en la región; organizaciones civiles y colectivos indígenas exigen medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas.
La historia está en desarrollo; se esperan comunicados oficiales y más detalles sobre el número de víctimas y las respuestas de los tres órdenes de gobierno.
