Durante el segundo gobierno de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, organizaciones criminales como Los Bélicos y Los Ardillos ampliaron su presencia en distintas regiones del estado, al mismo tiempo que proliferaron grupos de autodefensa y se deterioraron los mecanismos institucionales de seguridad.
La expansión tuvo expresiones territoriales y políticas. En Iguala, Los Bélicos operaron como un grupo integrado por criminales y policías, mientras que Los Ardillos extendieron su influencia desde Tlanicuilulco hacia municipios de la región Centro.
La operación de Los Bélicos en Iguala
Durante ese periodo, José Luis Abarca Velázquez gobernó Iguala. En la ciudad comenzó a identificarse la presencia de Los Bélicos, vinculados con Guerreros Unidos y señalados por cometer desapariciones, asesinatos, extorsiones y torturas bajo el argumento de mantener el orden.
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, fue detenida en noviembre de 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, que la acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
La violencia también alcanzó a figuras políticas y sociales. El 8 de marzo de 2013 fue asesinado el síndico de Iguala, Justino Carvajal Salgado. Ese mismo año, Arturo Hernández Cardona y otras seis personas fueron detenidos después de encabezar una protesta contra el gobierno municipal; tres días más tarde, los cuerpos de Hernández Cardona y otras dos personas fueron localizados sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
José Luis Abarca cumple condenas de 20 y 92 años de prisión por los asesinatos de Carvajal Salgado y Hernández Cardona, respectivamente. El control criminal que se consolidó en Iguala antecedió a la desaparición de 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los Ardillos ampliaron su influencia
En 2013, Los Ardillos comenzaron a extenderse más allá de su bastión en Tlanicuilulco, comunidad de Quechultenango. Con el paso de los años, informes oficiales han ubicado su presencia en municipios como Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, además de señalar que su influencia no se limita al control territorial.
El crecimiento del grupo también ha sido relacionado con redes políticas locales. Bernardo Ortega Jiménez ha rechazado tener vínculos con sus hermanos, señalados como dirigentes de Los Ardillos; sin embargo, el tema ha sido objeto de cuestionamientos por la coincidencia entre los territorios de influencia del grupo y las zonas donde obtuvo cargos de elección popular.
El avance de las autodefensas
Durante el gobierno de Aguirre también surgieron y se multiplicaron grupos de autodefensa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en 2013 que la inseguridad, la violencia y el abandono de las funciones de seguridad por parte de autoridades estatales y municipales contribuyeron a la formación de estos grupos en Guerrero.
En enero de 2013 se anunció la creación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, encabezada entonces por Bruno Plácido. El gobierno estatal mantuvo acercamientos con ese grupo y, de acuerdo con reportes de la época, le proporcionó respaldo material, incluidos uniformes y armamento.
La proliferación de autodefensas modificó la seguridad en distintas comunidades. Con el tiempo, algunos de estos grupos fueron señalados como posibles fachadas de organizaciones criminales y como actores utilizados para tomar poblaciones, desplazar habitantes o imponer restricciones a la movilidad.
El panorama dejó una estructura de seguridad debilitada, con organizaciones criminales que ampliaron su control y grupos armados comunitarios que ocuparon espacios que correspondían a las autoridades. En Guerrero, esa combinación marcó buena parte de la crisis que estalló en Iguala en septiembre de 2014.