El 22 de abril de 2026 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites al aumento de las rentas y garantizar el derecho al arraigo vecinal y comunitario en la capital.
La propuesta plantea que los incrementos en las rentas no puedan superar la inflación anual, la creación de una Defensoría Inquilinaria para mediar conflictos entre arrendadores e inquilinos y la obligación del gobierno capitalino de articular una política integral de vivienda que incluya vivienda social y programas dirigidos a jóvenes y hogares con menores ingresos.
La iniciativa responde a un contexto de alzas sostenidas en los precios de alquiler en varias zonas de la ciudad, donde en algunos casos se han registrado aumentos de hasta 30% en años recientes, lo que ha provocado procesos de gentrificación y desplazamiento de habitantes tradicionales.
El texto, que según la jefa de Gobierno busca proteger el derecho a la vivienda sin afectar la propiedad privada, será enviado al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y eventual aprobación. La bancada mayoritaria ha mostrado respaldo a la iniciativa, pero su avance dependerá del calendario legislativo y de las negociaciones entre las fuerzas políticas locales.
Los próximos pasos incluyen la presentación formal en el pleno, el análisis en las comisiones correspondientes y posibles ajustes al articulado durante el proceso legislativo; su aprobación modificaría de forma permanente el marco jurídico de la vivienda en la capital.
