La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el 22 de abril de 2026 una iniciativa de reforma constitucional que busca limitar los aumentos de la renta de vivienda para que no excedan la tasa de inflación anual. El proyecto, que será turnado al Congreso capitalino, forma parte de una estrategia más amplia contra la gentrificación.
En el núcleo de la propuesta se encuentran cuatro ejes principales:
- Prohibir que los incrementos en la renta de vivienda superen la inflación anual.
- Obligar al gobierno a diseñar e implementar una política integral para aumentar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible, incluyendo el aumento de la reserva territorial destinada a este fin.
- Crear una institución pública encargada de mediar y defender los derechos de arrendadores y arrendatarios.
- Reconocer constitucionalmente el derecho al arraigo vecinal y comunitario como herramienta contra la expulsión de habitantes por procesos de gentrificación.
Durante el anuncio, las autoridades señalaron que en la Ciudad de México hay millones de personas que viven en vivienda rentada y que han experimentado aumentos de precios que presionan sus ingresos. La iniciativa busca dar cobertura legal de máximo nivel a reglas que, según el gobierno, protegerían a inquilinos y promoverían la vivienda asequible en zonas céntricas.
El envío de una reforma constitucional implica que su discusión y eventual aprobación requieren los mecanismos y mayorías establecidas en la Constitución local y el Congreso capitalino. La propuesta retoma medidas anunciadas previamente por la administración y responde a preocupaciones por el encarecimiento y la especulación inmobiliaria en la capital.
Lo que sigue: la iniciativa será analizada en comisiones del Congreso de la Ciudad de México y, en su caso, discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones. La aprobación de cambios constitucionales suele implicar un proceso más largo que una ley ordinaria; por ello, las autoridades adelantaron que esta reforma representa el primer paso de una estrategia de dos etapas para regular el mercado de rentas.
