El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró que la posible liberación anticipada anunciada esta semana no contempla a integrantes de pandillas, sino la revisión de los casos de 10 mil 629 personas detenidas por colaborar ocasionalmente con esas estructuras criminales.
Bukele explicó el viernes 16 de octubre de 2026 que cerca de la mitad de ese grupo podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, que contempla actividades de trabajo y reinserción. La medida permitiría que algunos detenidos recuperen su libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas, de acuerdo con la evaluación individual de sus expedientes.
El mandatario rechazó que su gobierno planee liberar a la mitad de las más de 90 mil personas detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Afirmó que la propuesta se refiere únicamente a quienes, según la clasificación oficial, tuvieron una participación ocasional y no forman parte de la estructura de las pandillas.
“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, sostuvo Bukele al explicar el alcance de la revisión.
El programa Cero Ocio ofrece beneficios a personas privadas de la libertad a cambio de su participación en trabajos de utilidad pública y otras actividades productivas. La eventual incorporación de los detenidos dependerá de la revisión de cada caso y de su nivel de responsabilidad en hechos delictivos.
Críticas al régimen de excepción
Organizaciones humanitarias han cuestionado el régimen de excepción por permitir detenciones sin orden judicial y por presuntas violaciones al debido proceso. También han advertido que entre las personas encarceladas puede haber detenidos sin vínculos comprobados con las pandillas.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción cuestionó los criterios que se utilizarán para identificar a los colaboradores y las pruebas que respaldarán esa clasificación. La organización advirtió que ninguna persona debería declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad.
Bukele sostiene que su estrategia de seguridad contribuyó a la reducción histórica de los homicidios en El Salvador. En contraste, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal durante la ofensiva contra las pandillas.
Por ahora, el gobierno salvadoreño no ha informado una lista de beneficiarios ni un calendario para las posibles liberaciones. La decisión final dependerá de la revisión de los expedientes y de la aplicación de los mecanismos penitenciarios anunciados.