A un año de la entrada en funciones del nuevo órgano garante, los recursos de revisión contra dependencias del Poder Ejecutivo disminuyeron 60% respecto al último año del Instituto Nacional de Transparencia (INAI). En 2024 el INAI registró 15,163 recursos en ese rubro; en el primer año de operaciones de Transparencia para el Pueblo se reportaron 5,991.
La autoridad responsable ha señalado que la cifra responde a la implementación de un nuevo modelo de atención centrado en facilitar el acceso a la información mediante oficinas de orientación y la publicación de lineamientos para homologar las obligaciones de transparencia.
Sin embargo, especialistas en rendición de cuentas advierten que la caída puede deberse a mayores dificultades para presentar solicitudes y recursos. La excomisionada María Marván Laborde dijo que parte de la ciudadanía percibe que con la desaparición del INAI el derecho de acceso a la información quedó debilitado, lo que desanima la presentación de recursos.
Además, autoridades señalaron que, del total de recursos atendidos, en 49% de los casos la resolución instruyó un cambio en la respuesta inicial y en 25% la institución corrigió su respuesta durante el proceso, lo que —según el nuevo órgano— refleja la aplicación de la ley y resultados concretos en la defensa del derecho a la información.
La transformación del esquema de garantías incluye también la armonización normativa en las entidades federativas: hasta la fecha, 18 estados habrían armonizado su marco normativo con la nueva Ley General de Transparencia, mientras que 14 continúan pendientes, según reportes de especialistas.
La discusión sobre el impacto del nuevo modelo continúa: organizaciones de la sociedad civil y exfuncionarios piden mayor transparencia en las estadísticas públicas sobre solicitudes y resoluciones para evaluar si la reducción de recursos refleja una mejora real en el acceso a la información o un retroceso en las vías de impugnación ciudadana.
