Colectivos y organizaciones indígenas denunciaron el miércoles 13 de mayo de 2026 que el envío de fuerzas federales y personal de la Secretaría de Gobernación a la Montaña Baja de Guerrero es un “show mediático” que no solucionará la violencia estructural en la región, donde desde el 6 de mayo se registraron ataques armados atribuidos al grupo conocido como Los Ardillos.
Las organizaciones informan de cientos de familias desplazadas; las estimaciones varían según la fuente: el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) hablan de cifras que superan las centenas (y en algunas versiones más altas), mientras que autoridades federales reportaron decenas de personas desplazadas, lo que genera una marcada discrepancia en los conteos.
El gobierno federal respondió con el envío de fuerzas y apoyo humanitario: según el reporte oficial difundido tras el operativo, se desplegaron efectivos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales en la zona y personal de la Secretaría de Gobernación acudió para atender a las familias desplazadas y facilitar su salida segura.
Testimonios y colectivos señalan que los ataques incluyeron uso de drones y explosivos caseros, y que las comunidades han sufrido asesinatos, desapariciones y agresiones recurrentes en los últimos años, por lo que reclaman estrategias de protección a largo plazo y medidas que atiendan las causas profundas del conflicto.
Autoridades y representantes civiles difieren también sobre el alcance y la respuesta necesaria: mientras el gobierno enfatiza las acciones de seguridad y la atención inmediata a las víctimas, los colectivos exigen investigación de fondo y medidas que garanticen la seguridad permanente de las comunidades indígenas afectadas.
La situación en la Montaña Baja de Guerrero sigue siendo volatile; organizaciones locales, nacionales e internacionales han pedido atención urgente y la coordinación entre autoridades para proteger a la población desplazada y esclarecer los hechos.
