El 13 de mayo de 2026, integrantes de más de 20 colectivos agrupados en la Misión Civil de Observación-Sexta se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para cuestionar el envío de fuerzas federales a la Montaña Baja de Guerrero, a la que calificaron de “show mediático” que no atiende las causas profundas de la violencia.
Los colectivos afirmaron que los ataques del grupo delictivo conocido como Los Ardillos han provocado, según sus cifras, decenas de asesinatos y miles de desplazados en diversas comunidades indígenas de la región; también denunciaron la retirada de medidas de protección a defensores locales.
Por su parte, el gobierno federal informó que trabaja de manera coordinada con el estado de Guerrero para atender a las familias desplazadas y facilitar la salida y atención de personas heridas. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad han dicho que se busca evitar confrontaciones que pongan en riesgo a población civil.
En los días previos se reportaron ataques armados en comunidades de Chilapa —incluyendo el uso de drones según algunas denuncias locales—, lo que llevó a autoridades estatales y federales a reforzar la presencia de elementos de seguridad y a desplegar atención humanitaria en la zona.
Las versiones sobre el número de desplazados y víctimas difieren entre los colectivos y las autoridades: mientras organizaciones sociales hablan de cifras elevadas, la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal han dado reportes más conservadores sobre el alcance del desplazamiento y las acciones de respuesta.
La situación en la Montaña Baja de Guerrero ha sido recurrente en los últimos años, con episodios periódicos de violencia que han obligado a comunidades indígenas a desplazarse y a solicitar mayor protección por parte de las autoridades federales y estatales.
