Comunidades de la Montaña Baja de Guerrero han sufrido una nueva oleada de ataques armados desde inicios de mayo que ha obligado a cientos —y según algunos recuentos, más de dos mil— personas a abandonar sus hogares y ponerse a salvo en la sierra.
Los hechos, atribuidos por pobladores y autoridades locales a la organización criminal conocida como Los Ardillos, han dejado decenas de personas asesinadas y reportes de desapariciones; las cifras exactas varían según organizaciones civiles y registros oficiales.
Como respuesta, el gobierno federal desplazó a la zona un contingente de fuerzas del orden —entre Ejército, Guardia Nacional y policías estatales— y activó apoyo logístico con helicópteros, ambulancias y atención médica para las comunidades afectadas.
Colectivos y representantes comunitarios calificaron la presencia de fuerzas y funcionarios como un “show mediático” y denunciaron que las medidas son temporales y no atacan las causas estructurales de la violencia. Exigieron la detención de líderes criminales y mayor protección para las comunidades indígenas que resisten en la región.
La Montaña Baja de Guerrero arrastra una larga historia de enfrentamientos entre grupos delictivos y comunidades organizadas; la reciente escalada reaviva preocupaciones humanitarias por el acceso a alimentos, agua y atención a desplazados.
Organizaciones de derechos humanos, autoridades estatales y federales mantienen un diálogo para coordinar la atención y el retorno seguro de las familias, mientras las comunidades piden garantías duraderas y una estrategia que vaya más allá del refuerzo temporal de seguridad.
