Desde inicios de mayo de 2026 se han registrado ataques armados contra comunidades de la Montaña Baja de Guerrero que, según autoridades locales y organizaciones comunitarias, han provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas.
Colectivos indígenas y organizaciones civiles señalaron que las agresiones —atribuidas al grupo identificado como “Los Ardillos”— incluyeron el uso de armas de alto calibre y, según testimonios difundidos por las propias comunidades, drones y quemas de viviendas. Las agresiones habrían comenzado alrededor del 6 de mayo y afectaron a poblaciones como Tula, Xicotlán y Alcozacán.
Las cifras sobre el número de personas desplazadas difieren: dependencias oficiales reportaron decenas de desplazados que recibieron atención en albergues y puntos de apoyo, mientras que organizaciones comunitarias y defensoras estiman que la cifra asciende a varios cientos e, incluida información de contextos previos, a más de dos mil personas afectadas en la región.
Ante la escalada, el gobierno federal y el estatal reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la zona y dispusieron medidas de apoyo humanitario. Aun así, colectivos denunciaron que el envío de tropas y la atención de emergencia constituyen un “show mediático” que no atacará las causas estructurales del conflicto ni garantizará el retorno seguro de las comunidades.
Organizaciones defensoras y autoridades locales han pedido la apertura de mesas de diálogo y acciones coordinadas para garantizar la protección de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades comunitarias, así como la investigación y desarticulación de las redes criminales que operan en la Montaña Baja.
La situación continúa en evolución y las autoridades anunciaron que mantendrán presencia institucional en la región para atender nuevas contingencias y facilitar el regreso de las familias desplazadas cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
