Integrantes de más de 20 colectivos se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el 13 de mayo de 2026 para criticar el envío de fuerzas federales y servidores públicos a la Montaña Baja de Guerrero. Los manifestantes calificaron la acción del gobierno como un “show mediático” que no ataca las causas estructurales de la violencia en la región.
Los ataques en la zona comenzaron el 6 de mayo de 2026, según denuncias de comunidades indígenas de la región de Chilapa. Los colectivos señalararon que los agresores, atribuidos al grupo conocido como Los Ardillos, han provocado asesinatos, desapariciones y desplazamientos masivos.
Las cifras disponibles difieren: los colectivos y organizaciones civiles han hablado de cientos y hasta más de mil familias desplazadas, mientras que las autoridades federales reportaron inicialmente cifras menores —alrededor de 96 personas desplazadas— y dijeron que fuerzas federales y estatales retomaron el control en las localidades afectadas.
También se han referido a un historial de violencia en la Montaña Baja que, desde 2014, suma decenas de homicidios y documentadas desapariciones en comunidades de la región, según reportes de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos.
Durante la protesta, los colectivos exigieron medidas integrales: protección efectiva a las comunidades, atención humanitaria para las personas desplazadas, investigación de posibles responsabilidades institucionales y el fin de operaciones que solo buscan “fotos” mediáticas. Reclamaron que la respuesta de las autoridades ha sido tardía o insuficiente frente a los ataques.
El gobierno del estado de Guerrero informó que mantiene acciones de atención integral, seguridad y acompañamiento social a las familias afectadas y trabaja en coordinación con el gobierno federal para contener la violencia y brindar apoyo a los desplazados.
La situación en la Montaña Baja permanece volátil y las cifras exactas sobre homicidios, desapariciones y desplazamientos varían según la fuente; las autoridades y colectivos mantienen versiones contrastantes sobre el alcance del fenómeno y las medidas necesarias para resolverlo.
