El reporte Special 301 de 2026 ubicó a México fuera de la Lista de Vigilancia Prioritaria y en la categoría de Watch List, un cambio que refleja mejoras en el marco de protección a la propiedad intelectual, pero que no elimina retos operativos identifi cados por especialistas.
Autoridades federales han desplegado la estrategia denominada “Operativo Limpieza”, que en distintas acciones recientes aseguró desde miles hasta decenas de miles de productos sospechosos de ser piratas. A pesar de estos golpes puntuales, expertos en propiedad intelectual y exfuncionarios advierten que el órgano encargado de la defensa de la propiedad industrial carece de personal y recursos suficientes para sostener una respuesta amplia y sostenida.
Especialistas consultados señalan que la ejecución de la legislación y la capacidad operativa son ahora el desafío central: sin más personal y sin instrumentos logísticos adecuados, los cambios legales y los operativos pueden tener impacto limitado en el mediano y largo plazo.
Organizaciones empresariales han estimado el impacto económico de la piratería en miles de millones de pesos y la pérdida de decenas de miles de empleos, una cifra que subraya la dimensión económica del problema y la necesidad de acciones coordinadas entre autoridades, aduanas y el sector privado.
Además de los decomisos, operadores y autoridades enfrentan obstáculos legales y procesales para la destrucción de mercancía asegurada y para llevar a cabo sanciones efectivas, lo que retrasa resultados visibles y reduce la disuasión sobre el comercio ilegal.
La combinación de avances en la política pública (reflejada en la reclasificación del país en el informe internacional) y limitaciones en recursos y ejecución plantea la necesidad de aumentar capacidades operativas, mejorar coordinación interinstitucional y acelerar procesos judiciales para que la lucha contra la piratería produzca efectos sostenibles.
