El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles globales que su gobierno impuso el año pasado y advirtió que la administración deberá afrontar reembolsos por alrededor de 159,000 millones de dólares.
La Corte Suprema dictaminó en febrero de 2026 que la ley de emergencia invocada para imponer esos aranceles no autorizaba gravar las importaciones, lo que dejó a la administración con la obligación de que tribunales inferiores y autoridades aduaneras determinen la forma y el monto de las devoluciones.
Tras el fallo, importadores y empresas han iniciado reclamaciones para obtener la devolución de las cantidades pagadas; en las semanas siguientes los tribunales federales y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a establecer los mecanismos para procesar las solicitudes y pagar reembolsos.
Analistas jurídicos advierten que el trámite será complejo: las demandas y apelaciones podrían extenderse, habrá que determinar quién —importador o cliente final— tiene derecho a la devolución y existen cálculos diferentes sobre el monto total a devolver, que varían según el criterio y el alcance temporal que se considere.
La noticia implica un impacto fiscal y político relevante para la administración, y abre un proceso de disputas legales y técnicas que las autoridades deberán resolver en los próximos meses.
