El 25 de mayo de 2026, en una asamblea celebrada en la cancha del poblado de Alcozacán, representantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero‑Emiliano Zapata (CIPOG‑EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias denunciaron la «indiferencia» de los gobiernos ante ataques armados atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos.
Los líderes indígenas señalaron que las agresiones comenzaron el 6 de mayo de 2026 en comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán y que, desde entonces, cientos de habitantes han sido desplazados. En el encuentro participaron organizaciones del Congreso Nacional Indígena y la Misión Civil de Observación Sexta, y, según los organizadores, asistieron alrededor de dos mil personas afectadas por la violencia.
Durante la asamblea, las autoridades comunitarias acusaron a funcionarios locales de falta de actuación e incluso de posibles vínculos con estructuras criminales, una afirmación dirigida a autoridades municipales y estatales que los representantes dijeron que han “protegido” a quienes cometen las agresiones.
Los recuentos sobre el número de desplazados varían: organizaciones civiles y colectivos locales han reportado cifras que van de varias centenas hasta más de 800 personas, mientras que instancias gubernamentales han ofrecido conteos menores; la divergencia en las cifras ha sido motivo de denuncia por parte de las comunidades.
En respuesta a la crisis, autoridades federales y estatales informaron del despliegue de fuerzas de seguridad y de atención a personas desplazadas para garantizar servicios básicos y atención médica. La región de la Montaña baja de Guerrero acumula años de conflicto entre grupos criminales y es escenario recurrente de desplazamientos forzados.
Las organizaciones presentes en Alcozacán exigieron investigación, desarticulación de los grupos armados que operan en la zona y atención integral para las familias que han perdido el acceso a sus tierras y medios de subsistencia.
