Representantes de comunidades mayas, colectivos ambientales y organizaciones civiles presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un llamado para que el pleno frene la expansión de las granjas porcícolas en Yucatán y vote a favor del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, que cuestiona la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA‑001‑SDSD‑22.
Los denunciantes sostienen que la norma, publicada en 2022 por la autoridad estatal sin un proceso de consulta adecuada, ha permitido la proliferación de unidades porcícolas que han afectado acuíferos, cenotes, cultivos y la salud comunitaria. Las comunidades expresaron que la resolución de la Corte podría sentar un precedente sobre la obligación del Estado de consultar a pueblos indígenas antes de emitir regulaciones ambientales que impacten su territorio.
En la sesión en la que estaba previsto el asunto, el expediente quedó en lista para una votación posterior, por lo que no se llevó a cabo una resolución inmediata. Las organizaciones pidieron a los ministros que prioricen el respeto a los derechos colectivos y las consultas previas, libres e informadas.
Activistas y autoridades locales han señalado en meses recientes la necesidad de reforzar la vigilancia sobre las granjas porcícolas: informes y acciones administrativas recientes documentan problemas ambientales asociados y la existencia de varias cientos de granjas en la península de Yucatán.
La decisión de la SCJN es seguida de cerca por comunidades afectadas y colectivos ambientales, que consideran clave una sentencia que reconozca la obligación de consultar y, en su caso, limitar o regular con mayor rigor la operación de unidades porcícolas en zonas de alto valor ecológico.
