Representantes de comunidades mayas y organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que el pleno vote a favor del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, que analiza la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, publicada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán en 2022.
El proyecto busca regular la operación de las granjas porcícolas en la península ante las denuncias de contaminación de acuíferos, afectaciones a cenotes y daños a cultivos y apicultura. Las comunidades señalararon que la norma se publicó sin realizar el proceso de consulta indígena previsto por la ley.
El asunto estaba programado como el punto 30 —el último— de la sesión del pleno; sin embargo, al inicio de la reunión se anunció que el caso quedaría “en lista”, es decir, pendiente para una sesión futura sin fecha definida.
Activistas y colectivos explicaron que la aprobación del proyecto representaría un paso clave para proteger derechos colectivos y ambientales frente a la expansión de la industria porcícola en la región, donde se estima la existencia de más de 500 instalaciones relacionadas con la actividad.
Organizaciones presentes en la Ciudad de México coincidieron en denunciar impactos a la salud y al territorio comunitario, y reclamaron medidas efectivas de supervisión y reparación por parte de autoridades federales y estatales.
