Representantes de comunidades mayas, colectivos y organizaciones civiles acudieron a la Ciudad de México para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que vote a favor del proyecto que revisa la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA‑001‑SDS‑22, norma emitida en 2022 para regular la operación de granjas porcícolas en Yucatán.
El asunto —identificado en las demandas como el amparo en revisión 451/2025— estaba programado para discusión pero, durante la sesión del 15 de mayo de 2026, se informó que permanecería en lista, es decir, pendiente para una sesión futura sin fecha definida.
Las comunidades señalan que la norma fue publicada sin consulta previa a los pueblos indígenas y advierten que la expansión de la industria porcícola ha provocado daños ambientales en la península de Yucatán, incluyendo afectaciones a mantos freáticos, cenotes, cultivos y apiarios. En la región se estima la existencia de más de 500 unidades de producción porcícola.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han pedido que la Corte reconozca la obligación del gobierno estatal de realizar consultas a las comunidades mayas antes de emitir normas ambientales que impacten sus territorios, y que la resolución garantice mecanismos efectivos para proteger derechos indígenas y el medio ambiente.
En los últimos meses, autoridades federales y estatales han anunciado convenios para reforzar la evaluación y vigilancia ambiental de las granjas porcícolas, medida que, según las dependencias, busca mejorar la prevención de daños y el control sobre las unidades de producción. No obstante, representantes comunitarios consideran que esas acciones no sustituyen el derecho a la consulta ni resuelven la acumulación de impactos locales.
Con la discusión en lista, las comunidades permanecen a la espera de que la SCJN fije una fecha para el debate y la votación del proyecto, y han anunciado que continuarán movilizándose y presentando denuncias para preservar sus territorios y recursos hídricos.
