Representantes de comunidades mayas y colectivos ambientales acudieron a la Ciudad de México para exigir al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que vote a favor del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra que analiza la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA‑001‑SDS‑22, creada para regular la operación de las granjas porcícolas en Yucatán.
La petición se presentó en una conferencia y en actos públicos realizados el 14 y 15 de mayo de 2026, donde líderes comunitarios denunciaron afectaciones al agua, a cenotes, a cultivos y a la apicultura, y reclamaron que la norma fue publicada en 2022 sin la consulta previa a los pueblos afectados.
Organizaciones como Chikin Ja, Kanan Lu’um Mo’ y Kanan Derechos Humanos acompañaron a las comunidades en la demanda y señalaron que la expansión de la industria porcícola ha provocado daños ambientales y riesgos a la salud en la península de Yucatán.
Autoridades ambientales federales han realizado inspecciones en granjas denunciadas en los últimos años; defensores y colectivos piden además que la Corte impida nuevas autorizaciones hasta que se garanticen mecanismos de consulta y protección del acuífero y los ecosistemas locales.
Al inicio de la sesión programada para atender el asunto, celebrado el 15 de mayo de 2026, se informó que el expediente quedó “en lista”, es decir, pospuesto para una discusión futura sin fecha definida. Las comunidades advirtieron que continuarán movilizándose para que el proyecto sea sometido a votación y se tomen medidas concretas.
El caso forma parte de un conflicto más amplio entre autoridades, empresas y pobladores sobre permisos ambientales y la protección de recursos naturales en la península; activistas han pedido también mayor monitoreo del agua y la suspensión de nuevos permisos mientras se esclarecen los impactos.
