Representantes de comunidades mayas y colectivos ambientales se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mediados de mayo de 2026 para exigir que el pleno apruebe el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías sobre la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001‑SDS‑22, argumentando que la norma fue publicada en 2022 sin consulta previa a los pueblos indígenas.
El conflicto tiene alcance regional: autoridades y organizaciones han documentado la existencia de cientos de granjas porcícolas en la península y señalan impactos en el agua, el suelo y la salud comunitaria. Las agrupaciones sostienen que la aprobación del proyecto de Herrerías constituiría un precedente para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada y para frenar la expansión de megaproyectos en territorios mayas.
Las comunidades denunciaron contaminación de cenotes y pozos, proliferación de moscas que dañan cultivos y disminución de abejas por fumigaciones, además de efectos en la seguridad alimentaria y la salud de niñas y niños. Voces locales advirtieron que la actividad porcícola ha puesto en riesgo recursos hídricos esenciales para la región.
En sesión del pleno se informó que el asunto quedó en lista, es decir, pendiente para otra sesión sin fecha definida, por lo que las organizaciones que viajaron a la Ciudad de México regresaron sin una resolución inmediata.
Las demandas de las comunidades incluyen la suspensión de operaciones de granjas que causen daños, la reparación integral de los ecosistemas afectados, y la garantía de mecanismos reales de consulta y participación para las poblaciones indígenas antes de autorizar nuevos proyectos.
